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La Cámara de Diputados aprobó anoche y convirtió en ley -por 157 votos a favor, 35 en contra y 6 abstenciones- el proyecto que convierte a la trata de personas en un delito federal.
La Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas modificará el Código Penal, tipificando como delito la trata de personas, con agravantes cuando las víctimas son menores de 18 años. Las penas van de los tres a los quince años de prisión.
Establece también que la trata de personas es un delito federal, lo que permite que los jueces y fiscales federales transiten las diferentes jurisdicciones -sin pedidos formales en cada provincia- en busca de los responsables, lo que debiera darle mayor celeridad al proceso penal.
La ley apunta a combatir las redes que reclutan personas, en general de bajos recursos y bajo engaño las someten a la esclavitud al tenerlas cautivas, retenerles los documentos, en muchos casos drogarlas y obligarlas a practicar la prostitución. También penalizará el trabajo esclavo, por ejemplo de los talleres textiles y servirá para combatir la búsqueda ilegal de donantes de órganos.
La nueva normativa generó críticas entre algunos de los movimientos sociales de mujeres y organizaciones que defienden a las víctimas de trata, quienes denuncian que la nueva ley obligaría a las víctimas mayores de 18 años a demostrar que no hubo consentimiento y sí aprovechamiento de su vulnerabilidad lo que revictimiza a la persona explotada. Aseguran que por el miedo que siente una víctima, difícilmente declare en contra de quien la sometió y así se hará difícil probar que hubo sometimiento, requisito necesario para la condena por el delito.
La Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas modificará el Código Penal, tipificando como delito la trata de personas, con agravantes cuando las víctimas son menores de 18 años. Las penas van de los tres a los quince años de prisión.
Establece también que la trata de personas es un delito federal, lo que permite que los jueces y fiscales federales transiten las diferentes jurisdicciones -sin pedidos formales en cada provincia- en busca de los responsables, lo que debiera darle mayor celeridad al proceso penal.
La ley apunta a combatir las redes que reclutan personas, en general de bajos recursos y bajo engaño las someten a la esclavitud al tenerlas cautivas, retenerles los documentos, en muchos casos drogarlas y obligarlas a practicar la prostitución. También penalizará el trabajo esclavo, por ejemplo de los talleres textiles y servirá para combatir la búsqueda ilegal de donantes de órganos.
La nueva normativa generó críticas entre algunos de los movimientos sociales de mujeres y organizaciones que defienden a las víctimas de trata, quienes denuncian que la nueva ley obligaría a las víctimas mayores de 18 años a demostrar que no hubo consentimiento y sí aprovechamiento de su vulnerabilidad lo que revictimiza a la persona explotada. Aseguran que por el miedo que siente una víctima, difícilmente declare en contra de quien la sometió y así se hará difícil probar que hubo sometimiento, requisito necesario para la condena por el delito.
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Entrevista con el Dr. Rubén Lanceta, diputado nacional por Buenos Aires por la UCR. (Virginia Vénere)
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