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(Nota realizada el día 3 de Marzo de 2008)
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Un 3 de abril, pero de 2002, María de los Angeles Verón, Marita, salió de su casa para hacerse un chequeo médico. En la esquina apareció un auto rojo, le pegaron un culatazo en la cabeza y se la llevaron. Tenía 23 años.
Marita Verón cayó en manos de una red de prostitución, una de las varias que quedaron al descubierto tras su secuestro y la infatigable lucha de sus padres, Susana Trimarco y Daniel Verón. Gracias a su investigación, en los últimos 6 años se han rescatado más de un centenar de chicas de diversos prostíbulos del país.
Pero han pasado 6 años y Marita sigue desaparecida.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que por una mujer se paga entre 100 y 5.000 pesos, dependiendo de la zona, de la edad y sus características. La práctica más común de captación es el engaño, promesa de trabajo, castings para cine o televisión, pero también está extendido el secuestro.
De cualquier manera, una vez reclutadas, las chicas son sometidas, drogadas y reducidas a la esclavitud, privándolas de su libertad y todos sus derechos y obligándolas a ejercer la prostitución en circuitos de prostíbulos que operan en el interior del país e incluso, trasladándolas al exterior.
Marita Verón cayó en manos de una red de prostitución, una de las varias que quedaron al descubierto tras su secuestro y la infatigable lucha de sus padres, Susana Trimarco y Daniel Verón. Gracias a su investigación, en los últimos 6 años se han rescatado más de un centenar de chicas de diversos prostíbulos del país.
Pero han pasado 6 años y Marita sigue desaparecida.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que por una mujer se paga entre 100 y 5.000 pesos, dependiendo de la zona, de la edad y sus características. La práctica más común de captación es el engaño, promesa de trabajo, castings para cine o televisión, pero también está extendido el secuestro.
De cualquier manera, una vez reclutadas, las chicas son sometidas, drogadas y reducidas a la esclavitud, privándolas de su libertad y todos sus derechos y obligándolas a ejercer la prostitución en circuitos de prostíbulos que operan en el interior del país e incluso, trasladándolas al exterior.
La OIM identifica a Misiones, y en especial la zona denominada como “La triple frontera”, como el área principal de reclutamiento. De allí las chicas son llevadas para ser explotadas en prostíbulos de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Santa Cruz, La Rioja, Chubut y Tierra del Fuego. Hay un predominio de la trata interna, pero también fueron identificados casos de trata internacional, sobre todo de mujeres de nacionalidad paraguaya que ingresan por Misiones y Entre Ríos.
Sobre este tema todavía no existe una legislación específica que penalice la trata de personas dentro de la Argentina; sí hay diversas leyes que permitirían combatir algunos de los delitos que involucran el accionar de estas redes como la explotación sexual. Sin embargo, los casos que llegan a condena son poquísimos. Y las niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas, que según datos de diversas ONGs actualmente ascienden a más de 400, no han sido encontradas y liberadas. El caso más emblemático, por su trascendencia mediática, es el de la joven tucumana Marita Verón, pero en las mismas condiciones de esclavitud se encuentran Fernanda Aguirre, Andrea Noemí López, Otoño Uriarte, Florencia Pennachi y cientas más, anónimos para la opinión pública, que esperan ser liberadas.
Es por ello que diversas organizaciones marcharán hoy jueves 3 de marzo, a las 18 hs, al Congreso de la Nación en contra del proyecto de ley del Gobierno que busca tipificar el delito de trata de personas para la explotación laboral o sexual. La iniciativa, impulsada por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, ya tiene media sanción del Senado y sería aprobada en la sesión de la semana próxima en Diputados. El punto más conflictivo –y que más cuestionamientos recibe– es que las víctimas de trata mayores de 18 años tendrán que probar que no han consentido ser esclavas o esclavos. Este aspecto, el del consentimiento, ha sido objetado por diversas ONG y redes que se especializan en el tema de la trata humana y también por el Inadi y la Secretaría de Derechos Humanos. Aunque fueron escuchadas en el Congreso, ninguna de sus sugerencias fueron tenidas en cuenta por el oficialismo.
“Nos oponemos al proyecto del oficialismo porque distingue entre víctimas mayores y menores de 18 años y porque cuando son mayores, establece que es necesario probar que el delincuente actuó con violencia, abuso, engaño, amenazas, etc., para que exista delito. Ello implica que se presume que pueden prestar consentimiento con su propia explotación. De esa manera se favorece la impunidad de los proxenetas y tratantes. Y no se protegen efectivamente los derechos humanos de las personas víctimas de trata”, resumió en diálogo con este diario Sara Torres, presidenta en Argentina de la Coalición Internacional contra la trata de la Mujer (CATW).
No obstante, las organizaciones apuntan como positivo el hecho de que el tema esté en la agenda pública, que se debata y que haya un intento de tipificación de la trata de personas como delito federal.
Denuncias e información:
Red Alto alTráfico y la Trata de Personas (RATT)
Coordinador: Fernando Mao
http://www.ratt.org.ar/
Capital Federal Tel: 011-4864 4695
Sede Posadas Misiones Tel: 03752-435686.
Casa del Encuentro
Coordinadora: Fabiana Tuñez
http://www.lacasadelencuentro.com.ar/
lacasadelencuentro@yahoo.com.ar
Tel: 011-4903-3209 / 4982-2550
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Entrevista a Fernando Mao, Coordinador de la Red Alto alTráfico y la Trata de Personas (RATT). (Virginia Vénere - Damián Toschi)
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