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5/4/08

A un año de la muerte del docente Carlos Fuentealba sólo hay un imputado y aún no se han determinado los responsables políticos

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Los docentes neuquinos llevaban cuatro semanas de paro en reclamo de mejoras salariales y ante la falta de respuestas oficiales decidieron efectuar un corte en el cruce de las rutas 22 y 237 a la altura de Arroyito, a 45 km de la capital neuquina.

El 4 de abril de 2007 el corte comenzó y sin hacerse esperar llegó también la violenta represión policial ordenada por el entonces gobernador Jorge Sobisch con la consigna de impedir que se interrumpa el paso de vehículos en ese sector.

Cuando los docentes se retiraban, y Carlos Fuentealba lo hacía en la parte de atrás de un Fiat 147, un policía dio la orden de detener al vehículo y descargó su escopeta lanzagases a una distancia de 7 metros. El saldo: más de 20 heridos y Fuentealba con una herida gravísima en la cabeza producto de un golpe de una bomba de gas lacrimógeno que impactó en su rostro. Los médicos determinaron que el maestro presentaba muerte cerebral y su estado era irreversible. Murió esa noche.
Al conocerse la noticia se realizó una masiva manifestación para pedir justicia. Antes, y en medio de nuevos incidentes con los maestros, el gobernador Jorge Sobisch admitió haber dado la orden para desalojar la ruta.

Luego se identificó al oficial que fue el autor del disparo, José Darío Poblete, un sargento primero que se desempeñaba en un grupo especial de la localidad de Zapala.
Poblete intentó escabullirse entre sus pares. Tres días después, sus propios compañeros prestaron una declaración ante la fiscal Sandra González Taboada en la cual lo comprometieron, y se produjo su detención.

A un año de la muerte de Carlos Fuentealba, existen dos causas abiertas:

Una contra el autor material de la muerte, el policía Darío Poblete, quien goza de prisión domiciliaria y se encuentra en su casa (violando las restricciones de circulación pública) a la espera del comienzo del juicio que se desarrollará entre el 4 y el 23 de junio próximos. Ya hay 67 testigos citados. La Cámara Criminal Primera se hará cargo de las audiencias, integrada por Luis María Fernández (quien fue asesor del ejército durante la dictadura militar y actual docente en la escuela de policía de la provincia de Neuquén), Mario Rodríguez Gómez y Carlos Sierra. La fiscal será Elba Juárez Truccone, y el defensor del imputado es Ladislao Simón.
El cargo que se le imputa es el de homicidio calificado por su calidad de policía, por alevosía y por el uso de arma de fuego. Se pena con prisión perpetua.
Hay otra investigación abierta, con una veintena de jefes policiales imputados más el ex subsecretario de Seguridad, Raúl Pascuarelli, en la que se tratan de determinar otras responsabilidades como por ejemplo quién dio las órdenes y por qué no se preservó el lugar del crimen. Actualmente la carátula en esta causa es de “homicidio culposo”, es decir, que hubo negligencia por parte del subsecretario de seguridad al dar las órdenes a la policía, pero ésto impide subir en la pirámide jerárquica, sin alcanzar al ex gobernador Sobisch. Además, este delito es excarcelable.


Entrevista con el Dr. Leopoldo Denaday, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) de Neuquén. (Virginia Vénere - Damián Toschi)
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