El Gobierno pidió ayer a la Justicia que sean embargados los bienes de los 160 dueños de los campos donde se iniciaron los incendios en el delta del Paraná hasta cubrir 201 millones de pesos, en concepto de resarcimiento por el daño provocado por el fuego. Además, pidió que se los indague por los delitos de daños y estrago.
La secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti, presentó un escrito ante el juez federal de Zárate-Campana, Federico Faggionatto Márquez, que investiga el origen de las llamas. La funcionaria solicitó al juez la inhibición de los bienes de los propietarios o arrendatarios de los campos donde se iniciaron las quemas o de los responsables de las sociedades que figuran como sus titulares. Además, están detenidos tres peones rurales procesados con prisión preventiva por el inicio del fuego.
Por otro lado, una organización ecologista presentó una denuncia penal contra la secretaria de medio ambiente y otros funcionarios de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires por actuar “tardíamente” contra los incendios de pastizales registrados en la región. El biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la defensa del Ambiente (FUNAM), afirmó que Picolotti debió implementar el Plan Nacional de Manejo del Fuego cuando los focos todavía eran “controlables”.
Montenegro, que en 2004 recibió el Premio Nobel Alternativo, también cuestionó al jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, porque no ordenó restringir el tránsito en Buenos Aires “aun sabiendo que los contaminantes de los vehículos se agregaban a la nube de humo procedente de los incendios”.
La denuncia penal realizada por la FUNAM contra Picolotti y otros funcionarios fue presentada en la Fiscalía de turno en lo penal de la Justicia de Córdoba por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario.
Entrevista con el Dr. Enrique Matías Viale, abogado y presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. (Virginia Vénere – Miriam Cardozo)
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